El Proveedor del Estado Ecuatoriano en TICs

El 15 de diciembre de 2020, en la Asamblea Nacional se   aprobó las nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que identifica y castiga los delitos de corrupción en los procesos de Contratación Pública (sector público y privado), es la que se conoce como nueva Ley Anticorrupción. Esta Ley se ha identificado que es un compromiso que ha establecido el Gobierno para viabilizar un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por alrededor de 2 000 millones de dólares. Se conoce que existen cambios en el Código Integral Penal (COIP) que crea nuevos tipos penales para combatir la corrupción como la elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado, la obstrucción a la justicia y reforma la Ley de Contraloría General del Estado, que recupera su atribución para establecer informes previos a los contratos.   COMENTARIOS: Se reforman delitos vigentes: A saber son el peculado, cohecho, concusión, ...

De mi participación en grupos de interés relacionados en Contratación Pública en los cuales estan personas que son funcionarios públicos, proveedores, profesionales de variadas materias y público en general, he identificado que la materia relacionada con la Firma Electrónica sigue presentando repercusiones en varios frentes, uno de ellos, es la expectativa que tienen los funcionarios públicos respecto a qué y cómo   hacer con los expedientes digitales y la firma electrónica. Al respecto, la Circular SERCOP-2020-022-C de 27 de octubre de 2020 ya menciona en términos generales la respuesta al que hacer con los expedientes digitales Entonces, el cómo hacer, debería ser planteado por las unidades de Tecnología de las Entidades Públicas. Así pues, el llevar expedientes organizados por cada proceso de contratación en formato digital que incluya la documentación con las respectivas firmas electrónicas, implicará el levantar o mejorar (para los que ya poseen una) una infraestructur...